Extraemos de la web de las Cortes de Aragón, la exposición realizada por la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular
El señor representante de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (CIRERA MARTÍNEZ): Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Permítanme saludar también a los ciudadanos y ciudadanas que están presentes en la sala y dar los buenos días a todos y a todas.
Hemos venido a esta tribuna para hablarles de las montañas. Las montañas son los últimos santuarios de la naturaleza en su estado más puro. Milenios de naturaleza y siglos de historia se acumulan en el paisaje de las montañas. Son el refugio de valores geográficos mayores, y allí está lo que tantas veces ya no puede sobrevivir fuera de ellas: grandeza, agua pura, bosques, fauna libre, pueblos arraigados, personalidad territorial... Las montañas cautivan, y, a pesar de su realidad fría y peligrosa, han atraído a alpinistas y viajeros que se han visto llamados por ese encanto tan especial de las cumbres, los collados y las alturas de roca y nieve. El Pirineo aragonés, con su variedad de aspectos, riqueza y matices, ocupa en estos espacios un lugar destacado.
¿Les gustan a ustedes las montañas, señorías? A nosotros sí, también, pero no olvidamos que en ellas hay algo más que belleza y atractivo turístico. En el 2002, muchas naciones se sumaron a la celebración del Año internacional de las montañas. España contribuyó decididamente, y fue Aragón una de las regiones más implicadas en la reflexión, el debate y la conservación de estos ecosistemas frágiles y valiosos. El presidente del Gobierno de Aragón, don Marcelino Iglesias, declaró entonces: «Nadie puede negar la extraordinaria importancia de los ecosistemas de montaña. Son auténticos tesoros. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos en la consecución de su conservación, pues es una tarea de todos». Repito: palabras textuales de don Marcelino Iglesias. Hasta aquí, en la teoría, todos de acuerdo. Luego nos toca pasar a la práctica.
En noviembre de 2002, el vicepresidente, don José Ángel Biel, acompañado del señor Franco, de la entidad Ibercaja, del señor Bandrés, como consejero de Economía, y del señor Boné, como, aún entonces, presidente de la empresa Aramón, presentaba los planes de ese holding de la nieve en Aragón que forman el ejecutivo aragonés e Ibercaja. Los titulares de los periódicos rezan: «Aramón invertirá doscientos dieciséis millones de euros en cinco estaciones y otros proyectos». Se habla de nuevas pistas, supeditadas al respeto al medio natural, el proyecto olímpico Jaca 2014 y de ampliar dominios esquiables en Cerler, Formigal, Valdelinares y Javalambre, algo que, desde luego, en la teoría ya no parece concordar con los objetivos de esa celebración del 2002.
Un año después, empezamos a comprobar que las palabras del Gobierno de Aragón, con su presidente a la cabeza, se las había llevado el viento. En el año 2002 oímos que las montañas había que protegerlas, pero ¿de quién? Alguien, yendo un poco más al fondo de la cuestión, escribió: «Fundamentalmente, hay que defenderlas de aquellos que desean hacer negocio con las montañas, de aquellos que buscan un lucro rápido, oportunista y muy minoritario a costa de degradar el medio ambiente». Y a finales del verano de 2003 quedó evidente que el Gobierno de Aragón tenía ya muy olvidados los retos del Año internacional de las montañas. La sospecha tomó cuerpo cuando se destapó la caja de los truenos con el artículo titulado «Perdón para Espelunciecha», firmado por el catedrático de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid Eduardo Martínez de Pisón, quien movilizó a la sociedad aragonesa y española para pedir el indulto a un valle pequeño, pero simbólico, del Pirineo de Huesca, limítrofe con el Parque Nacional de los Pirineos Franceses y señalado con el dedo de Aramón para instalar aparcamientos, telesillas, balsas de agua y pistas. Las máquinas pesadas entraron a arrasar la naciente vida de Espelunciecha en la primavera de 2004.
Desde entonces, junto con otros colectivos y personas, nuestro empeño ha crecido y nuestro tesón de trabajar por un verdadero desarrollo sostenible en la montaña no ha cesado, sin olvidar en ningún momento un elemento crucial: la prosperidad de los pueblos y los habitantes de las montañas.
Necesitábamos recoger quince mil firmas en seis meses para venir a esta cámara. Nuestras razones han sido más que suficientes para, sin un gran esfuerzo, recopilar el doble. Miles de rúbricas y DNI para obtener estos pocos minutos que se nos ofrecen de exposición ciudadana en este parlamento. Son la herramienta que tenemos el pueblo para hacerles comprender que la alta montaña aragonesa precisa de una ley que la proteja, y ya saben de quién; para pedir que nunca más vuelva a suceder lo mismo que en Espelunciecha en otros lugares que también están en el punto de mira, como son Ruego, en Bielsa; Punta Suelza, en Gistaín; Ardonés y Castanesa, en la Ribagorza; o la Canal Roya o la Canal de Izas, en Canfranc; o las inigualables sierras del Sistema Ibérico turolense.
Ustedes tienen el texto de la propuesta de ley, pero permítanme que les haga una pequeña introducción y explicación de sus contenidos. En un territorio tan montañoso como Aragón resulta decisivo tener una legislación específica para las zonas de montaña, tal y como el propio Gobierno de Aragón ha estado defendiendo durante la pasada legislatura. No estaríamos aquí hoy si este patrimonio natural no tuviera riesgos importantes que aconsejan la existencia y aplicación de una ley de protección de las montañas. Nos estamos refiriendo a nuevas grandes carreteras, presas, líneas eléctricas, explotaciones abusivas de los recursos, despoblación, urbanizaciones y un turismo pernicioso y mal enfocado, como es el caso destacado de la orientación que se está dando en la actualidad a las estaciones de esquí alpino.
Nuestra propuesta de proyecto de ley se puede desglosar en cinco apartados coincidentes con sus cinco artículos.
El primero y el cuarto abordan el establecimiento de un régimen de protección especial para la alta montaña del conjunto de Aragón, comprendiendo los territorios situados por encima de los mil quinientos metros.
El segundo, para la valoración de ciertas afecciones, establece que se tenga muy en cuenta la participación pública de todos los sectores implicados.
En el tercer punto se destaca el proyecto de ley porque quiere establecer una moratoria de dos años, con carácter general, para la aprobación de proyectos de creación, modificación o ampliación de estaciones de esquí y centros invernales que pretendan ubicarse en áreas de alta montaña. En ese plazo de dos años, el Gobierno de Aragón deberá de abordar y aprobar planes de ordenación de los recursos naturales en los diversos territorios afectados.
El quinto y último, pero no menos importante, de este proyecto de ley no quiere dejar de lado la necesidad de superar los desequilibrios territoriales existentes, promoviendo un desarrollo económico y social que sea equilibrado y sostenible, y para ello se indica la necesidad de potenciar y racionalizar las actividades humanas en el entorno de los espacios naturales protegidos, y se subraya especialmente la necesidad de fomentar y modernizar las actividades agropecuarias y forestales en áreas de montaña, elaborando para ello un plan de desarrollo rural sostenible, con su correspondiente dotación económica.
Ahora bien, señorías, es posible -pues somos una comisión promotora creada por una iniciativa ciudadana- que haya aspectos y elementos de carácter técnico que puedan ser mejorados -para eso estamos aquí-. Son las Cortes de Aragón y los grupos parlamentarios quienes tienen el poder legislativo y, por tanto, quienes deben acabar, mejorar y añadir cuantos artículos deseen a este texto. Sabemos que los grupos parlamentarios presentarán enmiendas. Manifestamos nuestro compromiso de trabajo común durante el proceso legislativo, y, evidentemente, si hoy pasa el trámite, también decimos públicamente en esta tribuna que no aceptaremos ninguna enmienda que modifique los aspectos fundamentales de la ley.
¿Por qué y para qué es necesaria una ley más, si ya hay mucha legislación, órdenes, normas y directrices? Porque, a la vista de lo sucedido en los últimos dos años, está claro que todos lo existente es insuficiente para frenar el deterioro de las montañas aragonesas y el urbanismo alocado que en ellas se vive; porque hasta la fecha no existe un tratado mundial, jurídicamente vinculante, que se ocupe específicamente de las montañas. En Austria se aprobó en 1991 el Convenio para la protección de los Alpes, y desde entonces han promulgado leyes, completas o sectoriales, sobre las montañas países como Cuba, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Suiza o Ucrania.
Aquí, en Aragón, las diversas leyes y normativas creadas hasta ahora para la generalidad del territorio no tienen en cuenta las peculiaridades de los ecosistemas de montaña, por lo que es necesario hacer un esfuerzo y concretar aquellos aspectos específicos que resulten esenciales para su conservación y el desarrollo social y económico de sus habitantes. El presidente del Gobierno de Aragón, señor Iglesias, manifestó su intención de aprobar una ley del Pirineo, y ahora acaba de iniciar, con gran premura y sustanciosos cambios, unas directrices de ordenación del territorio pirenaico.
Respecto a estas directrices parciales de ordenación territorial, ni llegan a abarcar la especificidad de las montañas de todo Aragón ni abordan ni subsanan el problema que generan los actuales proyectos expansionistas de las estaciones de esquí en el Pirineo. Nos atrevemos incluso a afirmar que aumenta la grave problemática de la planificación urbanística en los valles y montañas del Alto Aragón. Son directrices de carácter orientativo, ambiguas e insuficientes para cambiar esta situación, donde no se marca el límite de la humanización en este santuario natural al que estamos trasladando el modelo de consumo y vida urbanos. En dos meses, estas directrices se han cambiado para ser aprobadas con cambios sustanciales en los parámetros de densidad de viviendas o en la edificación y las alturas, que en algunos casos se incrementa hasta un 30%. Las nuevas directrices abren la puerta a un Pirineo al servicio de los proyectos urbanísticos de segunda residencia, grandes consumidores de recursos naturales, destructores del paisaje, transformadores de las dinámicas sociales, económicas y culturales de los valles, pero que dan grandes beneficios a sus promotores, a los que les allanan el terreno. Eso sí, señor Biel, estas directrices están muy bien adornadas con bonitas palabras: «desarrollo sostenible» y «protección ambiental». Sin embargo, señorías, establecen un alto nivel de competencias a los ayuntamientos para proceder al desarrollo y crecimiento urbanístico en sus municipios, posibilitando unos impactos que van mucho más allá de los territorios por ellos gestionados.
Señores y señoras diputados y diputadas, mi presencia en este estrado me genera una situación agridulce: contento, ya que la voz de más de treinta mil aragoneses está aquí con la presentación de esta ILP, y, por otro lado, con la tristeza de que tenga que ser la sociedad civil quien les pida con tanto esfuerzo la protección de las montañas. Observamos iniciativas privadas como la de la empresa Nozar, que se está fijando ahora en los valles de La Ribagorza, cerca de Castanesa y Cerler, con una filosofía de desarrollo que responde al objetivo de crecer tanto como se pueda sin atender a muchas otras contemplaciones. Nada que objetar si ese crecimiento no fuera a costa de urbanizar lugares naturales y si no fuera porque se le ha concedido también la medalla al mérito turístico. Aunque, sinceramente, lo que más nos entristece es constatar que la gran destrucción de nuestras montañas se esté realizando por una empresa en la que el Gobierno de Aragón tiene el 50% del capital.
Antes de seguir con mi exposición, hemos querido traer a este parlamento una fotografía que dice mucho del respeto que ofrecemos en Aragón a nuestros espacios de alta montaña. A aquellos que no conozcan este lugar decirles que forma parte de la reserva de la biosfera Ordesa-Viñamala, declarada así por la UNESCO en 1977, y, en teoría, con la gestión de conservación encomendada al Gobierno de Aragón. La fotografía está tomada entrando desde Francia, en el límite de un magnífico parque nacional. ¿Es esto lo que queremos para nuestras montañas, señorías?
Pensamos fervientemente que hay que tomar en consideración esta ley cuanto antes, recogiendo plenamente el contenido del artículo 3, que establece la moratoria cautelar antes referida. El tiempo no corre, sino que vuela.
A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Sallent de Gállego y Aramón anunciaron urbanizar treinta nuevas hectáreas de monte público en Formigal dentro de la reserva de la biosfera Ordesa-Viñamala, con el compromiso de que las plusvalías de la recalificación urbanística se destinen a financiar la polémica expansión del centro invernal. Urbanizar treinta hectáreas para construir mil doscientas viviendas en un espacio natural protegido, ¿ese es el desarrollo social y equilibrado que promueve el Gobierno de Aragón? ¿Esa es la política de turismo del consejero Aliaga? ¿Qué va a pasar en Castanesa (Montanuy)? ¿Y en Benasque o en el valle de Tena? ¿Van a seguir creciendo aún más las segundas residencias? Váyanse al Pirineo un fin de semana y miren: casi hay más grúas que árboles en el fondo de algunos valles.
Además, esta línea de actuación se contradice con la opinión de expertos mundiales y con las recomendaciones recientes del informe emitido por el Senado sobre urbanismo en el Pirineo. Se está demostrando que la ampliación y creación de nuevas estaciones de esquí es un negocio deficitario y que solo se sostiene con una gran inversión en el sector de la construcción inmobiliaria. No nos vale la excusa repetida, y no por ello convincente, del pobre montañés, que tan alegremente manejan el señor Iglesias o el señor Sánchez desde su consistorio de Sallent de Gállego, o esos argumentos falaces de que los ecologistas no dejamos mover una piedra. Está quedando claro que entidades de ahorro como Ibercaja serán las grandes beneficiarias, y no los montañeses, gracias a la obtención de suelo público gratis y a las ayudas financieras que estas prestan a promotoras inmobiliarias y futuros propietarios en forma de créditos e hipotecas. El propio presidente de Ibercaja ha reconocido que una instalación mecánica no es rentable; es un pozo sin fondo de meter dinero a pérdidas.
Estamos convencidos, señorías, de que el desarrollo es perfectamente viable por muchos otros métodos, distintos a la especulación inmobiliaria y que no requieren ser destructivos. Pero en todo este debate no hay que dejar de lado el tema del cambio climático. Un estudio de la ONU dice que el calentamiento global puede originar el cierre de más del 50% de las estaciones de esquí de los Alpes en el año 2050. El 50% de las estaciones de esquí de los Alpes. Si eso pasa allí, que hay montañas altas, más frías, con más nieve y con glaciares, ¿qué pasará en los Pirineos, por no decir ya las montañas de Teruel?
A pesar de lo que muchos creen y de lo que algunos quieren hacer creer, no estamos en contra del esquí, ni de los centros invernales, ni de otras infraestructuras, ni del crecimiento y el desarrollo de los pueblos: ni mucho menos. No lo malinterpreten. Hemos dicho en muchas ocasiones que hasta daríamos por buenas algunas ampliaciones de dominio esquiable, pero, por favor, con cabeza, con respeto, con sensibilidad, no de esta manera.
Frente a tanta actitud grosera con los paisajes y los valores naturales de la montaña, también hemos de reconocer algunos -más bien pocos e insuficientes, pero efectivamente algunos- movimientos positivos que se han realizado desde este Gobierno en los últimos tiempos, especialmente desde el Departamento de Medio Ambiente. Me refiero a la declaración de impacto negativo de una nueva carretera de acceso en las pistas de Javalambre, a la aplicación de la tasa ecológica para los remontes o a los avances realizados hacia una regulación de la población ambiental estratégica, aunque alguno de esos anuncios, como es la activación de la gestión de la reserva de la biosfera Ordesa-Viñamala o la redacción del PORN del Anayet, no han dejado de ser eso: meros anuncios grandilocuentes sin ningún tipo de aplicación práctica. ¿En qué trámite se encuentra el PORN del Anayet, señorías? Ni tan siquiera ha sido inicialmente iniciado legalmente en el Boletín Oficial de Aragón. Tenemos la sensación de que algunos de ustedes, señorías, actúan a empujones. Si empujan según qué alcaldes, autorizan obras e inversiones, pero, si por el otro costado lo hacen los ecologistas, dicen que van a instaurar un impuesto o que van a iniciar un PORN. Y, si venimos a estas Cortes, dos días antes se aprueban unas directrices, creyendo que van a poder convencer a la ciudadanía.
Señorías, hemos venido a esta cámara para ser simplemente escuchados por los grupos políticos, por nuestro parlamento, con el presidente del Gobierno de Aragón a la cabeza, que, por cierto, procede de la montaña. Una iniciativa legislativa popular es una profundización de la democracia y una activación de la participación pública en la gestión y el gobierno de lo público. Ustedes podrán mejorar este texto de ley. Aquí se lo dejamos, reiterando que deseamos que se legisle con claridad sobre la protección de las montañas. Pero el señor Marcelino Iglesias parece que no quiere oír, de la misma manera que no quiere recibir desde hace más de un año a los representantes de este movimiento en defensa de las montañas de Aragón, un movimiento ecologista del que el señor Iglesias solicitó ayuda y colaboración hace tres años para derrotar el trasvase del Ebro. A sus compañeros de partido y al Gobierno les transmitimos, con todos nuestros respetos, que su ausencia en estos momentos nos parece una ofensa a quienes hemos aportado una a una nada menos que treinta mil firmas.
Recordamos lo que el señor Usón, portavoz del Partido Aragonés, dijo en esta cámara al llegar otra iniciativa legislativa popular por parte del movimiento ecologista: «Las iniciativas legislativas populares, reguladas por su correspondiente ley, por su excepcionalidad, por su respaldo social, deberían merecer la máxima consideración por parte de estas Cortes». El señor Usón concluyó diciendo: «Deseo reconocer, en nombre de mi grupo, el trabajo de las personas que, concitando la voluntad de tantos miles de aragoneses, han apoyado con su firma esta iniciativa legislativa. Ante este proyecto, estas Cortes no pueden permanecer infranqueables, so pena de hacer un flaco favor, incluso, a la propia institución». En términos similares se expresó, ese mismo día, el portavoz socialista, señor Alastuey, quien destacó la importancia de las iniciativas legislativas populares que multiplican el apoyo preciso para llegar a las Cortes. Esta tiene treinta mil, frente a quince mil firmas necesarias.
Treinta mil aragoneses quieren, pues así lo han firmado, una ley para la protección de nuestras altas montañas. Queremos también, y así se lo pedimos, que el trámite parlamentario culmine con el éxito que presentamos, afinado y mejorado en aquellos aspectos que lo requieran y convertido en una ley. La ciudadanía aragonesa espera un resultado. Defendemos una propuesta que ha dejado de ser propia de quienes han formado la comisión promotora y ha pasado a ser el patrimonio de los treinta mil ciudadanos y ciudadanas que la han apoyado con su rúbrica. En nombre de todos ellos, y en presencia de algunos que están siguiendo la exposición desde esta tribuna, en su representación les estoy hablando. Y es que, señorías, hablo en nombre de la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), de los distintos grupos locales que hay dispersos por todo Aragón de Ecologistas en Acción y de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), presentando una propuesta de ley de protección de las montañas que ha sido refrendada por la Federación Aragonesa de Montañismo, por multitud de clubes de montaña, por la asociación Apudepa, por la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, por personas individuales, pero vinculadas o adscritas a organizaciones e instituciones, como Greenpeace, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Amigos de la Tierra, Fundación Ecología y Desarrollo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, distintas universidades y centros de investigación, asociaciones culturales de pueblos y comarcas, Fundación Nueva Cultura del Agua, Coagret, organizaciones sindicales y también -créanme- por personas y colectivos de numerosos pueblos de las montañas aragonesas. Treinta mil aragoneses y aragonesas, muchos más que no han tenido la oportunidad de firmar en seis meses y otras muchas personas de todo el Estado español y buena parte de Europa, que tienen la mirada puesta en la maravillosa naturaleza de las montañas de Aragón y sus paisajes, recordamos, tristemente, las palabras del indio Seattle cuando se dirigió al presidente de los Estados Unidos para pedirle que no vendiera sus tierras porque estas eran sagradas.
Por favor, tomen en consideración y traten con cariño esta iniciativa legislativa popular por una ley para la protección de la alta montaña en Aragón, que ha obtenido sobradamente un apoyo muy significativo de la ciudadanía aragonesa, y, lo que es más importante, cuiden a nuestras montañas, sus montañas, las de nuestros hijos, las montañas de todos. Son de lo mejorcico que queda en la naturaleza en el sur de Europa. Estas montañas son nuestra tierra, nuestra identidad, nuestro carácter y una parte importante de nuestro valor de futuro.
Solo nos queda insistir en que queremos legar a nuestros hijos las montañas al menos tan hermosas como las hemos heredado de nuestros padres. Nuestra ley y nuestra causa no es solo ecológica; tiene una gran vertiente social. Señorías, apoyen con su voto este proyecto de ley, que cuenta con un amplio respaldo del pueblo aragonés.
Y CHA votó que sí, pero los de siempre se negaron
