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Marbella empieza en el Pirineo

Marbella empieza en el Pirineo El Tribunal de Cuentas envía a Fiscalía de Huesca el convenio de Castanesa.Manda el documento "por si fuera procedente el ejercicio de acciones penales".El ministerio público desestima efectuar un proceso contable sobre el acuerdo.La Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TC) ha remitido a los fiscales de la Audiencia de Huesca el convenio suscrito entre el hólding semipúblico Aramón y el Ayuntamiento de Montanuy para el desarrollo del proyecto de estación de esquí de Castanesa, en ese municipio oscense, "por si fuera procedente el ejercicio de acciones penales". La resolución del fiscal jefe del TC, fechada el 7 de agosto, incluye el envío de documentación referente a la empresa Castanesa Nieve, SL, la sociedad creada por el hólding semipúblico del esquí --participado al 50% por Ibercaja y el Gobierno de Aragón-- para ejecutar las inversiones en la localidad ribagorzana. La firma del convenio había sido denunciada ante la Fiscalía del TC por la asociación Naturaleza Rural, una entidad que aglutina a vecinos e hijos de Montanuy críticos con el proyecto del complejo invernal. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas tiene un carácter eminentemente fiscalizador, es decir, de chequeo de la legalidad de las actuaciones de la Administración --en todos sus niveles-- en el plano de la ejecución presupuestaria y el manejo de sus fondos económicos. La denuncia reclamaba "un proceso de fiscalización" del convenio, que es un documento de futuro. Así, unos meses después de recibir la denuncia y la documentación, el fiscal jefe del TC acordó el archivo de las diligencias que había abierto. El oficio que comunica a Naturaleza Rural el sobreseimiento del caso en la vía contable y su envío a la penal recuerda a la entidad que, pese a esa decisión, tiene abierta la puerta para ejercitar "la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable" por el convenio.   OPERATIVA El documento obliga a Aramón a "encargar y sufragar el coste de redacción del proyecto para la nueva estación de esquí, así como a encargar y sufragar el coste de redacción del proyecto del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Montanuy" con el fin de realizar "una ordenación coherente" de ambos diseños. El hólding se compromete a destinar "todas las plusvalías que obtenga por el desarrollo urbanístico de los terrenos que pudiera directamente adquirir (...) a la financiación de dicha estación". Aramón también se obliga a financiar, con el dinero que obtenga de los planes parciales que desarrollará una empresa filial, "parte del coste de implantación de los sistemas necesarios para la nueva estación de esquí". Es decir, que Aramón se compromete a pagar el PGOU y a invertir en la estación los beneficios que le entregue la filial que se encargará de la ejecución de cada una de las unidades urbanísticas. Paralelamente, el convenio obliga al ayuntamiento, que recibirá urbanizado el 10% del suelo que se mueva, a incluir en el PGOU "la clasificación como suelo residencial de una o varias zonas de terrenos aportados por Aramón", las cuales "serían las primeras las primeras a desarrollar en el horizonte de los próximos diez años, aptas para implantar viviendas libres, viviendas sociales y los servicios requeridos como apoyo de la estación".   TODO EL SUELO NECESARIO "Se estima que la superficie de suelo urbanizable que debe entrar en este convenio", añade el documento, "será la necesaria para asegurar la viabilidad del proyecto".  Según indicaba la denuncia de Naturaleza Rural, "Aramón encargará y sufragará el coste del PGOU de Montanuy y el ayuntamiento recalificará los terrenos que previamente aporte Aramón". "Cabe preguntarse cómo debería tipificarse la eventual recalificación a urbanizables de estos terrenos", anotaba.  El PGOU de Montanuy contempla la construcción de 2.300 segundas viviendas por Aramón, 1.200 para otros promotores y 3.500 plazas hoteleras. Todo, en un municipio con apenas 300 vecinos empadronados.

 El plan, que ahora debe estudiar la DGA, fue aprobado por el ayuntamiento a finales de julio. Tuvo el apoyo de los cuatro concejales del PSOE --dos de los cuales verán recalificadas sus tierras-- y la oposición de CHA.

Noticia de El Periódico de Aragón

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