En defensa de la fauna del Pirineo
CHA pide un Plan de Acción contra cebos envenenados.
Aunque tipificada como delito en el Código Penal, su utilización sigue causando la muerte a numerosos animales y amenazando la biodiversidad “por lo que es necesario tomar más medidas de control, disuasión y concienciación”, reclama la diputada Yolanda Echeverría. La diputada Yolanda Echeverría considera necesario y urgente un Plan de Acción contra los cebos envenenados y ha presentado una proposición no de ley solicitando al Gobierno de Aragón su elaboración. La comunidad aragonesa es la segunda en número de ejemplares hallados envenenados de alimoche y milano real en España y la primera para el quebrantahuesos, tres especies amenazadas. Sin ir más lejos, desde el pasado mes de junio se han conocido tres episodios de envenenamientos masivos en Aragón que han provocado la muerte de al menos 53 buitres, 8 alimoches y 1 aguilucho lagunero.Los cebos envenenados, empleados por cazadores y ganaderos para dar muerte a los depredadores, son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. A pesar de que su utilización está prohibida desde 1989 y tipificada como delito en el Código Penal desde 1995, la impunidad de los envenenadores, debida a la falta de vigilancia sobre el terreno y a la escasez de sanciones, es una de las claves que explica el continuo crecimiento de las estadísticas de mortalidad. Tal y como explica Echeverría, “en 2004, fue aprobada en todo el Estado la ‘Estrategia Nacional Contra el uso Ilegal de Cebos Envenenados’ cuyo desarrollo corresponde a las Comunidades Autónomas, pero hasta la fecha sólo lo han hecho Andalucía y Castilla-León, y por eso reclamamos que se haga también Aragón para tomar más medidas de control, disuasión y concienciación”.En Andalucía, por ejemplo, se han aplicado cambios legislativos que permiten la suspensión de la actividad cinegética para reparar el daño biológico ocasionado por el veneno. Gracias a esta normativa, la Junta ha suspendido la caza temporalmente en más de cincuenta cotos de la región desde 2004 hasta la actualidad. La Estrategia Nacional también recomienda la vigilancia especial en aquellos cotos y explotaciones ganaderas que se consideren de riesgo, según los antecedentes obrantes en las bases de datos que deberían mantener todos los servicios provinciales de medio ambiente.
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