Somos un pueblo de agua ....
CHA presenta más de 90 alegaciones al Documento "Bases para una política del agua en Aragón".Chesús Bernal, Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Javier Mur, Secretario Política de Desarrollo Rural y Política Hidrológica de CHA y Miguel Solana, Coordinador del Rolde de Política Hidrológica de CHA han sido los encargados de presentar esta propuesta en el Altoaragón .Casi un centenar de enmiendas presentará Chunta Aragonesista al documento denominado "Bases de la Política del Agua en Aragón", texto sobre el que girará la política hidráulica y que ahora se encuentra en período de información pública, por el Departamento de Medioambiente del Gobierno de Aragón, y en el que se plantea la política a seguir en materia de agua Chunta Aragonesista ha declarado que su casi centenar de alegaciones a presentar como partido político giran en torno a cuatro puntos fundamentales: - La observancia de la Directiva Marco europea del Agua aprobada en diciembre de 2000, especialmente en lo referente a caudales ambientales, - El papel del regadío y del mundo rural, - Los proyectos de restitución y desarrollo socioeconómico, - Reformas de carácter administrativo en el seno de las confederaciones hidrográficas. Sobre estos cuatro puntos pivotan las más de noventa alegaciones de CHA a este documento.En general, Chunta Aragonesista quiere garantizar que en el documento de Bases se respete la Directiva Marco del Agua y que no se olviden puntos fundamentales como que el agua es un recurso finito que hay que administrar con cuidado. Éste es sólo un adelanto de las propuestas de CHA, que se concretarán en los 15 días en los que se ha ampliado el plazo para presentarlas. De este modo, CHA opina que la transposición directa de los principios de la Directiva Marco del Agua debe constituir la espina dorsal de las políticas del agua en Aragón. Dicha directiva tenía como objetivo el buen estado ecológico de todas las masas de agua. Chesús Bernal, Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón y Visecretario General de CHA, ha remarcado la importancia de lograr un buen texto jurídico para la administración del Agua en Aragón, por ser éste, a su juicio, uno de los documentos estratégicos más importantes a largo plazo, y ha realizado un repaso del importante papel que CHA ha jugado desde su nacimiento en la política hidrológica apostando por la racionalidad y la sensatez. “Por eso, en el 2007, no podemos cometer el mismo error que el Gobierno central en el 2001 con su idea del trasvase. Esos años fueron irracionales, olvidando esta normativa que estaba ya publicada aunque no había entrado en vigor”, ha afirmado el portavoz de CHA en las Cortés de Aragón, Chesús Bernal.Precisamente, para que la política del agua en Aragón respete el espíritu y la letra de la Directiva Marco del Agua, Chunta Aragonesista propone “una nueva redacción a artículos que regulan los objetivos, los criterios, contenidos y procedimientos de elaboración de los planes hidrológicos de cuenca que se plantean como fundamentales para decidir las políticas del agua en el futuro”, ha añadido Bernal. Miguel Solana, coordinador Rolde de Política Hidrológica de Chunta Aragonesista, ha incidido en que todas las enmiendas acordadas "tienen en común alcanzar la equidad territorial, algo fundamental para el desarrollo eficiente en Aragón".CHA cree que es básico conseguir la equidad territorial en el que el desarrollo de unos territorios no perjudiquen a otros, lo que se traduce en unas determinadas políticas agrarias y de restitución territorial. Otra parte de las alegaciones de Chunta Aragonesista a las Bases de la Política del Agua se refiere a la restitución territorial. “El espíritu fundamental de esta parte de las alegaciones es que aquello que se destruye permanentemente no se puede restituir puntualmente”, ha indicado el coordinador del Rolde de Política Hidrológica, Miguel Solana.Por eso, CHA propone “que se establezca un canon en el uso del agua, no sólo a los grandes usuarios como las hidroeléctricas sino a todos. Y esto no es algo nuevo, ya se contemplaba en el Plan Hidrológico del Partido Popular”, ha señalado Solana.CHA sugiere que, en el documento de bases, se cambie la legislación de proyectos de expropiación, “que es de los años 50 y las cosas han cambiado mucho”, se reconozca y salde la deuda histórica adquirida con algunos territorios de Aragón “y que no ofrezcan como proyectos de restitución servicios básicos que toda localidad debe tener como una depuradora”.CHA entiende que deben cumplirse medidas generales para toda masa de agua nueva que se cree a consecuencia de un embalse y que se tiene que diferenciar los que se construyeron antes del año 99 y después. En los primeros, “es necesario hacer un censo de pueblos abandonados, excavaciones arqueológicas para recuperar lel patrimonio arquitectónico perdido por las obras”, y en los segundos “los proyectos de restitución deben hablar de cantidades económicas muy importantes y no nimiedades para callar bocas”, ha declarado Solana.Finalmente Javier Mur, en su calidad de Secretario de Desarrollo Rural y Política Hidrológica de CHA, ha incidido en la necesidad de plantear políticas modernas, apostando por una nueva política del agua en Aragón y en todo el Estado.Mur ha destacado la importancia de las subvenciones europeas, que suponen el 40% de la renta agraria, el 53% de ellas de regadío “por eso hay que estar muy pendientes de la reforma de la PAC que serán claves en las políticas de cara al futuro”. CHA propone que se modernicen las explotaciones familiares, que se favorezcan con incentivos los relevos generacionales en ellas, que se hagan planes de retirada pactada de regadío sobre todo en zonas fuertemente salinizadas y que se trabaje por planes de sequía sólidos, además de intensificar la explotación de los acuíferos.Mur también ha señalado la necesidad de reorganizar la gestión de la demanda, “priorizando las regulaciones de tránsito sobre las nuevas regulaciones en las cabeceras de los río, tal y como se indica en la Directiva Marco del Agua”.El secretario de Desarrollo Rural de CHA ha propuesto, asimismo, “una moratoria en la generación de nuevas demandas de regadíos, al menos hasta que haya datos sobre la disponibilidad de caudales de regímenes ambientales que van a ser de obligado cumplimiento”.
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